27
de diciembre de 2007








Uruguay se convirtió este jueves en el primer país de América
Latina en legalizar la unión civil de parejas homosexuales, tras la promulgación
por parte del presidente Tabaré Vázquez de una ley que consagra
las uniones concubinarias de distinto o igual sexo.



La normativa refrendada por el mandatario en consejo de ministros garantiza
derechos y obligaciones para las parejas heterosexuales y homosexuales que convivan
más de cinco años sin interrupciones, como la asistencia recíproca,
creación de sociedad de bienes, derechos sucesorios, cobro de pensiones
por fallecimiento y otras disposiciones vinculadas a la seguridad social.

Esta
ley entrará en vigor durante la primera semana de 2008 con alcance nacional.
La iniciativa contempla la apertura de un registro donde podrán inscribirse
parejas de cualquier género, al amparo de derechos similares a los que
derivan del matrimonio entre heterosexuales.

El
diputado oficialista Diego Cánepa, redactor del proyecto original, destacó
a la AFP que la nueva ley "profundiza la democracia, protege la diversidad
de opciones y deja de lado la discriminación existente en materia legislativa
que amparaba determinadas preferencias".

"Algo
tan íntimo como elegir con quién vivir, generar una comunidad
y compartir aspectos de la vida privada es un paso trascendente en la incesante
búsqueda de la libertad del ciudadano", subrayó el legislador.

Camino
a su aprobación, la propuesta transitó por intensos debates en
las cámaras de Diputados y Senadores hasta ser refrendada finalmente
con los votos de la coalición de izquierda en el poder, Frente Amplio,
que cuenta con la mayoría parlamentaria.

El
texto define la unión concubinaria como "la situación de
hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo,
identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación
afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable
y permanente sin estar unidas en matrimonio".

María
Paz, activista del Colectivo Oveja Negra que trabaja en defensa de la diversidad
de género de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, calificó
la aprobación de la norma como "el primer paso en el reconocimiento
de uno de nuestros derechos" y atribuyó la misma a "la sensatez
de algunos legisladores". Aunque reconoció que "el ideal sigue
siendo el casamiento" y consideró "demasiado extenso"
el periodo de cinco años requerido para legalizar el vínculo.

Por
su parte, el secretario de la Conferencia Episcopal de Uruguay, Luis del Castillo,
observó que "dar amparo jurídico a un contrato entre dos
personas no justifica asimilarlo al matrimonio, porque le estaríamos
haciendo daño a la base de la familia".